Reflexión del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental
“En el Día Mundial de la Salud Mental y al cumplirse una década de la sanción de la emblemática ley nacional que restituyó sus derechos a un colectivo vulnerable e invisibilizado desde siempre, no podemos dejar de tener presente a todas las personas que aún hoy atraviesan sus afecciones bajo la perimida lógica del encierro y el aislamiento”, afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
En esa línea, reflexionó sobre la verdadera transformación del sistema de salud mental “orientado a la inclusión, al incremento de la accesibilidad y al desarrollo de oportunidades”, en consonancia con el ordenamiento jurídico nacional e internacional “basado en una perspectiva de salud mental y derechos humanos”.
“La restitución de todos sus derechos a quienes atraviesan padecimientos mentales debe ser hoy una prioridad más que nunca, derechos que por décadas permanecieron olvidados y acallados en la sombra de los manicomios”, argumentó Honores.
Aseguró que “es mucho el recorrido desde la sanción de la Ley de Salud Mental, norma que llegó para ordenar el camino del ‘hacia dónde vamos’ y el horizonte de la desmanicomialización”, y señaló que “llegó también para legalizar los cambios necesarios en un sistema obsoleto, discriminador, violatorio de derechos humanos, para visibilizar las voces de los usuarios por tantas décadas acalladas y para enaltecer y restituir sus derechos”.
“Muchos fueron los avances en estos diez años, pero también los retrocesos y los obstáculos que aún hoy no nos permiten afirmar que hemos alcanzado plenamente los objetivos que nos plantea la ley 26.657”, añadió el Adjunto.
Este 2020, el escenario actual de pandemia “nos plantea un antes y un después, y no deja de ser una oportunidad para encarar un real proceso de cambio, con la necesidad y el compromiso del Estado de garantizar la inclusión y el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas con padecimiento mental que habitan en la Provincia”.
Ese proceso, insistió Honores, “debe contar con el acompañamiento de la sociedad en su conjunto y una fuerte participación de las organizaciones de usuarios, familiares, referentes, trabajadores de la salud y distintos sectores de la comunidad, en la planificación y elaboración de políticas públicas”.
Para el Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud Mental, que encabeza la Defensoría del Pueblo, “la salud mental es el bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos”, y destacó que “la inclusión social es fundamental para facilitar el ejercicio de los derechos del colectivo de personas con padecimientos mentales, para evitar la exclusión, el estigma y la discriminación”.