El organismo considera que ese monto mínimo es la base que debe restituirse a los usuarios particulares afectados, y de 25.000 pesos en el caso de los comerciantes.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, inició un juicio por daños y perjuicios contra Edelap, donde reclamó que se establezca un monto mínimo diario de resarcimiento de 8.000 pesos para los usuarios particulares y de 25.000 pesos para los comerciantes que estuvieron afectados por el apagón del 22 de junio en La Plata.
“Todos los usuarios alcanzados por el corte de suministro de energía eléctrica sufrieron alteraciones en su vida cotidiana, con todo lo que ello conlleva, como problemas a la salud, la seguridad, el trabajo, etc. Edelap es la responsable de los daños y molestias causados por no brindar el suministro al cual está obligada”, sostuvo Lorenzino.
En su demanda, que se tramita en el en el juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier, la Defensoría considera que la empresa no solo no tiene derecho a cobrar, sino que debe responder en la medida de los perjuicios que la interrupción del servicio ocasionó, por lo que debe resarcir a los usuarios por los daños causados.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apagón que afectó a unos 50.000 usuarios generó pérdidas de aproximadamente de 961.250.000 pesos, la Defensoría considera que Edelap debe resarcir a los particulares con un mínimo diario de 8.000 pesos, cifra que surge de calcular las cuatro comidas diarias, movilidad, alojamiento y pérdida de alimentos, entre otros.
En tanto, para los comercios calculó 25.000 pesos mínimos por día al tener en cuenta los gastos por alquiler de generador eléctrico, combustible, pérdida de mercadería en caso de que sea perecedera, los días improductivos del personal de venta, lucro cesante y seguridad, entre otros.
“Los servicios públicos no deben ser interrumpidos, algo que Edelap no cumplió. Es por eso que accionamos a favor de los usuarios, que además son los más necesitados de protección porque esta prestación está dada por empresas privadas que tienen un monopolio legal, lo que convierte a la población en clientes cautivos, dejándola sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él”, puntualizó Lorenzino.