Desde los tres organismos provinciales pidieron que se consensúen soluciones entre las tres jurisdicciones y se ejecuten los trabajos necesarios para que la cuenca no desborde e inunde las localidades vecinas.
Desde los tres organismos provinciales pidieron que se consensúen soluciones entre las tres jurisdicciones y se ejecuten los trabajos necesarios para que la cuenca no desborde e inunde las localidades vecinas.
Reclamar que las autoridades nacionales evalúen todas las alternativas técnicas que permitan contrarrestar los efectos de la crecida de la laguna La Picasa, teniendo en cuenta que una eventual suba de las aguas provocaría en un corto plazo la inundación de las localidades cercanas a ese espejo de agua, fue lo que exigieron los defensores del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de Córdoba, Mario Decara.
Desde los tres organismos propusieron que esas provincias coordinen esfuerzos para el control de la ejecución de las obras que los equipos técnicos consideren necesarias, y para el escurrimiento de las aguas en el caso de un posible desborde.
El pedido confirma la postura manifestada por Lorenzino, quien había exigido que la Nación “garantice los recursos necesarios para evitar futuras complicaciones”, al entender que se está “ante un problema, social, económico y humano”, y que “la Provincia no resiste un vaso de agua más”.
Puntualmente, los defensores analizaron diversas opciones y acordaron recabar opiniones para obtener soluciones técnicas y determinar qué obras deben llevarse a cabo. La defensoría de Santa Fe ya había propuesto, ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, una posible solución, en tanto que representantes del gobierno bonaerense manifestaron su preocupación en caso de que su provincia tuviera que recepcionar más excedentes de agua. Dado que se trata de una cuenca que linda con las tres jurisdicciones, los defensores coincidieron en que todas las acciones se tomen luego de ser consensuadas por los tres distritos.
La semana pasada se informó que el agua de La Picasa está a 40 centímetros del nivel de rebalse natural y la cota aumenta 1,5 centímetros diarios. En caso de que el agua desborde, llegaría rápidamente a numerosas localidades vecinas obligando a los vecinos a dejar sus hogares, con todos los trastornos y pérdidas económicas que una situación de estas características podría acarrear.
En marzo, defensores del Pueblo bonaerenses y de la Región Centro se habían reunido en la ciudad de Santa Fe, donde se debatió acerca de las causas y consecuencias de las inundaciones que afectan a estas zonas. En esa oportunidad, los participantes recomendaron, entre otros puntos, la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales para alertar a la población sobre posibles inundaciones y pedir la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales.
Reclamar que las autoridades nacionales evalúen todas las alternativas técnicas que permitan contrarrestar los efectos de la crecida de la laguna La Picasa, teniendo en cuenta que una eventual suba de las aguas provocaría en un corto plazo la inundación de las localidades cercanas a ese espejo de agua, fue lo que exigieron los defensores del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de Córdoba, Mario Decara.
Desde los tres organismos propusieron que esas provincias coordinen esfuerzos para el control de la ejecución de las obras que los equipos técnicos consideren necesarias, y para el escurrimiento de las aguas en el caso de un posible desborde.
El pedido confirma la postura manifestada por Lorenzino, quien había exigido que la Nación “garantice los recursos necesarios para evitar futuras complicaciones”, al entender que se está “ante un problema, social, económico y humano”, y que “la Provincia no resiste un vaso de agua más”.
Puntualmente, los defensores analizaron diversas opciones y acordaron recabar opiniones para obtener soluciones técnicas y determinar qué obras deben llevarse a cabo. La defensoría de Santa Fe ya había propuesto, ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, una posible solución, en tanto que representantes del gobierno bonaerense manifestaron su preocupación en caso de que su provincia tuviera que recepcionar más excedentes de agua. Dado que se trata de una cuenca que linda con las tres jurisdicciones, los defensores coincidieron en que todas las acciones se tomen luego de ser consensuadas por los tres distritos.
La semana pasada se informó que el agua de La Picasa está a 40 centímetros del nivel de rebalse natural y la cota aumenta 1,5 centímetros diarios. En caso de que el agua desborde, llegaría rápidamente a numerosas localidades vecinas obligando a los vecinos a dejar sus hogares, con todos los trastornos y pérdidas económicas que una situación de estas características podría acarrear.
En marzo, defensores del Pueblo bonaerenses y de la Región Centro se habían reunido en la ciudad de Santa Fe, donde se debatió acerca de las causas y consecuencias de las inundaciones que afectan a estas zonas. En esa oportunidad, los participantes recomendaron, entre otros puntos, la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales para alertar a la población sobre posibles inundaciones y pedir la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales.