La convocatoria a audiencias públicas previas a la fijación de nuevos regímenes tarifarios de los servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, el gas natural y el agua, y la ampliación de los beneficios para quienes no pueden pagar las facturas, pidieron en forma conjunta los defensores del Pueblo de todo el país. Los ombudsman
La convocatoria a audiencias públicas previas a la fijación de nuevos regímenes tarifarios de los servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, el gas natural y el agua, y la ampliación de los beneficios para quienes no pueden pagar las facturas, pidieron en forma conjunta los defensores del Pueblo de todo el país.
Los ombudsman, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se manifestaron en relación a los anuncios hechos por del ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a través de un comunicado plantearon una serie de inquietudes.
Destacaron que el pedido de audiencias públicas se basa "en los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución", e hicieron hincapié en un abanico de reclamos vinculados a la tarifa social.
En ese sentido, desde ADPRA promueven ampliar los alcances del beneficio a todos los servicios públicos, para contemplar a los usuarios que, aunque no encuadren en los requisitos exigidos, tengan dificultades para afrontar el pago de las facturas.
Los defensores también plantean revisar las causas de exclusión de la tarifa social y la inclusión provisoria de los usuarios no abarcados y que piden obtener el beneficio. Para estos casos, recomendaron que las empresas refacturen el servicio (incluyendo el beneficio) y eviten los cortes de suministro.
Por otro lado, señalaron "la imperiosa necesidad" de que el ministerio de Energía reglamente la ley que establece un régimen tarifario específico en todos los servicios públicos esenciales a las entidades de bien público, reconociéndoles el rol social que ocupan en la comunidad, "muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado", indicaron.
Finalmente, subrayaron que al momento de elaborar un nuevo régimen integral tarifario se contemple especialmente a las economías regionales, la particularidades geográficas y climáticas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), para las que solicitaron un régimen tarifario promocional.
Los ombudsman, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se manifestaron en relación a los anuncios hechos por del ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a través de un comunicado plantearon una serie de inquietudes.
Destacaron que el pedido de audiencias públicas se basa "en los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución", e hicieron hincapié en un abanico de reclamos vinculados a la tarifa social.
En ese sentido, desde ADPRA promueven ampliar los alcances del beneficio a todos los servicios públicos, para contemplar a los usuarios que, aunque no encuadren en los requisitos exigidos, tengan dificultades para afrontar el pago de las facturas.
Los defensores también plantean revisar las causas de exclusión de la tarifa social y la inclusión provisoria de los usuarios no abarcados y que piden obtener el beneficio. Para estos casos, recomendaron que las empresas refacturen el servicio (incluyendo el beneficio) y eviten los cortes de suministro.
Por otro lado, señalaron "la imperiosa necesidad" de que el ministerio de Energía reglamente la ley que establece un régimen tarifario específico en todos los servicios públicos esenciales a las entidades de bien público, reconociéndoles el rol social que ocupan en la comunidad, "muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado", indicaron.
Finalmente, subrayaron que al momento de elaborar un nuevo régimen integral tarifario se contemple especialmente a las economías regionales, la particularidades geográficas y climáticas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), para las que solicitaron un régimen tarifario promocional.