“La cantidad de personas encarceladas por drogas creció un 127% en la Argentina, sin que esto se traduzca en baja de delitos de narcotráfico,ni baja del consumo; la política tiene que rever la legislación”, manifestó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del área de Adicciones y Consumos Problemáticos.
“La cantidad de personas encarceladas por drogas creció un 127% en la Argentina, sin que esto se traduzca en baja de delitos de narcotráfico,ni baja del consumo; la política tiene que rever la legislación”, manifestó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del área de Adicciones y Consumos Problemáticos.
“Este aumento no implica que quienes están presos son los grandes narcotraficantes, sino todo lo contrario: en general se trata de jóvenes y mujeres pobres que se ven inmersos en el microtráfico. Es allí donde debemos encontrar legislación innovadora, como buscan otros países de la región, y desde este organismo aportaremos a ello”, agregó Martello.
En el período que de 2002 a 2014, el encarcelamiento por drogas creció un 127%, lo que deja expuesto que las actuales recetas implementadas por el Estado no han logrado reducir de manera significativa el mercado informal de sustancias, ni evitar que siga prosperando la delincuencia organizada relacionada al narcotráfico.
De acuerdo al Colectivo de Estudio Drogas y Derecho (CEDD), en los últimos años se ha dado un aumento sostenido de la población encarcelada por delitos de drogas en América Latina, incremento que es mayor al de otro tipo de delitos.
Aquí algunas cifras:
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El fortalecimiento de la prevención de los crímenes de drogas es el mejor camino. Uruguay, Costa Rica, y Ecuador, países que han optado por medidas alternativas frente a la respuesta punitiva tradicional a la criminalidad relacionada con las drogas, hoy ofrecen otros enfoques. Por ejemplo, medidas que buscan reducir los daños que produce la cárcel en personas en condiciones de vulnerabilidad y que no poseen roles de liderazgo en el mercado de las drogas, y al mismo tiempo adoptan el reto de abordar los problemas de inequidad y pobreza que sufren quienes son sancionados/as por estos delitos, entre quienes ocupan un rol preponderante las mujeres y los jóvenes.
La experiencia de Ecuador en 2014, cuando se modificó el código penal introduciendo penas más proporcionales para delitos de drogas, es una caso que debe estudiarse. Con este cambio, el Estado ecuatoriano creó distintos niveles en materia de tráfico (mínima, media y alta), redujo las penas para delitos menores, y distinguió entre traficantes y cultivadores, entre delitos violentos y no violentos, entre traficantes y consumidores. Un año después de la entrada en vigencia de la reforma, el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas bajó en un 43%.
"Las experiencias internacionales deben servirnos para alentar mejores y más políticas preventivas, sin que ello implique desatender la persecución de este delito", opinó el Defensor del Pueblo Adjunto General, Walter Martello.
“Este aumento no implica que quienes están presos son los grandes narcotraficantes, sino todo lo contrario: en general se trata de jóvenes y mujeres pobres que se ven inmersos en el microtráfico. Es allí donde debemos encontrar legislación innovadora, como buscan otros países de la región, y desde este organismo aportaremos a ello”, agregó Martello.
En el período que de 2002 a 2014, el encarcelamiento por drogas creció un 127%, lo que deja expuesto que las actuales recetas implementadas por el Estado no han logrado reducir de manera significativa el mercado informal de sustancias, ni evitar que siga prosperando la delincuencia organizada relacionada al narcotráfico.
De acuerdo al Colectivo de Estudio Drogas y Derecho (CEDD), en los últimos años se ha dado un aumento sostenido de la población encarcelada por delitos de drogas en América Latina, incremento que es mayor al de otro tipo de delitos.
Aquí algunas cifras:
El fortalecimiento de la prevención de los crímenes de drogas es el mejor camino. Uruguay, Costa Rica, y Ecuador, países que han optado por medidas alternativas frente a la respuesta punitiva tradicional a la criminalidad relacionada con las drogas, hoy ofrecen otros enfoques. Por ejemplo, medidas que buscan reducir los daños que produce la cárcel en personas en condiciones de vulnerabilidad y que no poseen roles de liderazgo en el mercado de las drogas, y al mismo tiempo adoptan el reto de abordar los problemas de inequidad y pobreza que sufren quienes son sancionados/as por estos delitos, entre quienes ocupan un rol preponderante las mujeres y los jóvenes.
La experiencia de Ecuador en 2014, cuando se modificó el código penal introduciendo penas más proporcionales para delitos de drogas, es una caso que debe estudiarse. Con este cambio, el Estado ecuatoriano creó distintos niveles en materia de tráfico (mínima, media y alta), redujo las penas para delitos menores, y distinguió entre traficantes y cultivadores, entre delitos violentos y no violentos, entre traficantes y consumidores. Un año después de la entrada en vigencia de la reforma, el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas bajó en un 43%.
"Las experiencias internacionales deben servirnos para alentar mejores y más políticas preventivas, sin que ello implique desatender la persecución de este delito", opinó el Defensor del Pueblo Adjunto General, Walter Martello.