Impacto del aislamiento social en la vida de las mujeres e identidades disidentes

La pandemia del nuevo coronavirus y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio generaron desafíos a nivel institucional y en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. En muchos casos se sumó al desafío con el que ya cargaba el Estado, en todos sus niveles, de traducir en políticas públicas los reclamos sociales y populares. El #NiUnaMenos es uno de ellos. La violencia machista, creciente año tras año, ya generaba -y genera- una situación de emergencia en la vida de las mujeres, las personas travestis y trans y todo el colectivo de la diversidad, principal destinatario de la violencia y las vulneraciones del sistema patriarcal.

En el marco del aislamiento por el Covid-19, desde Secretaría de Género, Niñez y Adolescencia a cargo del Observatorio de violencia de género de la de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se llevó adelante la campaña “El aislamiento no suspende tus derechos” con objeto de acercar a toda la población, pero especialmente a aquella que lo demande y requiera con urgencia, las herramientas estatales disponibles para hacer frente a la violencia de género. 

Dicha  campaña constó de dos momentos principales. En primer lugar se lanzó una serie de flyers informativos, en los cuales se hizo énfasis en que el aislamiento social obligatorio no determina la suspensión de las Garantías en materia de Derechos Humanos. De esta forma se acercaron los recursos de atención, contención, acompañamiento y acción disponibles en el caso de sufrir violencia de género o conocer situaciones de violencia de género. Terminada esta etapa se presentaron dos auto tests destinados a la sensibilización y concientización sobre hechos de violencia de género. 

Previo a la sanción del decreto presidencial N° 297/2020 de Aislamiento Social y Obligatorio,  las organizaciones territoriales ya reclamaban medidas urgentes en materia de eliminación de las violencias. Ante una nueva realidad social que se presentaba irreversible, con el poder judicial en feria, el sistema de salud abocado a la emergente pandemia, las fuerzas de seguridad concentradas en reducir la circulación social, las instituciones reduciendo al mínimo su personal, entre otras medidas, las preocupaciones fueron en aumento. Pero la mayor de todas fue que muchas personas pasarían a estar encerradas con quienes las violentaban -y violentan-. Todo esto potenció la alerta de quienes ya venían ocupadas y organizadas frente a la crecida de la violencia machista.

 

En este contexto adoptar medidas para prevenir la profundización de las violencias resultó urgente.

Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para la atención de personas embarazadas y recién nacides. Refrendada mediante Resolución 577/2020 por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para el acceso a la salud de personas travestis, trans y no binarias en el contexto de pandemia. 

Resolución N° 15/2020 promovida por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, mediante la cual “serán considerados como supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando”.

Creación del Fondo de Emergencia Para Violencias por Razones de Género, promovido por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad y refrendada mediante decreto gubernamental N° 178/2020.

Ayuda alimentaria e incorporación a los programas sociales a mujeres y personas travestis y trans en situación de vulneración económica.

Resolución N° 12/2020. De la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en contexto de pandemia que destaca “la delicada y problemática situación existente en materia de violencia familiar y de género a nivel provincial”. La misma prorroga de oficio la vigencia de las medidas de protección y la tramitación de las denuncias y expedientes judiciales a través de los medios de comunicación virtual, entre otras disposiciones. 

Entre las demandas que ingresaron al Observatorio de Violencia de Género, hubieron reclamos relacionados a la dificultad para comunicarse o ser atendides en los juzgados y fiscalías de turno. Se denunciaron errores de funcionamiento policial al momento de notificar resoluciones judiciales o de asistir con un móvil en el momento de la urgencia, como así también existieron reclamos sobre situaciones de desinformación que desactivaron denuncias imposibilitando la actuación a tiempo.  

Se observó un desconocimiento por parte de la población acerca de la resolución de la suprema corte que prorroga de oficio las medidas cautelares. Como así también sobre el desconocimiento de la articulación directa de las comisarías con los juzgados y fiscalías y la nueva modalidad virtual que permite tramitar los expedientes sin la necesidad de transitar en la vía pública. De esta manera, el rol de las comisarías como lugar de primera atención se volvió fundamental a la hora de canalizar las denuncias.

Gran parte de las demandas que ingresaron a este organismo durante las últimas semanas fueron por violencia obstétrica. Posiblemente este hecho se haya incrementado por la visibilización de la problemática a partir de la Semana del Parto Respetado que se conmemoró recientemente. 

Los hospitales y clínicas privadas fueron el principal objetivo de denuncias por violencia obstétrica, ya sea por desobediencia o desconocimiento de las reglamentaciones provinciales y nacionales vigentes a la hora de generar sus propios protocolos de seguridad y protección internos. Las clínicas y hospitales denunciados, sobre todo del ámbito privado, vulneraron el derecho de las personas embarazadas a ser acompañadas al momento del parto o de los chequeos como las ecografías.

Por otra parte, también nos encontramos con situaciones en las cuales, debido a la reorganización edilicia para atender el COVID-19, mujeres que sufrieron abortos fueron internadas en salas de Maternidad, afectando gravemente su sensibilidad. 

Como órgano de recepción de denuncias en la materia, esta Defensoría pudo llevar adelante gestiones ante organismos estatales y clínicas privadas para que dieran cuenta de las reglamentaciones vigentes. Asimismo, desde la Secretaría de Género, Niñez y Adolescencia se impulsó un conversatorio público a fin de promover y difundir derechos exponiendo estas problemáticas con especialistas y funcionarias. 

La pandemia también dejó al descubierto la situación económica de una gran parte de la población. La cual se ve doblemente agravada cuando es atravesada por la violencia de género o por discriminación en función de la identidad autopercibida. Es así que entre los ejes de abordaje, también se recibieron reclamos y consultas con respecto a la necesidad de alimentos; de inclusión en programas sociales; de cumplimiento de cuota alimentaria; de obtención de bienes mínimos de supervivencia.

En materia de comunicación se pudo dar cuenta desde este organismo de la falta de redes de comunicación desde el Estado que tenga la capacidad de permitir la socialización y el acceso fluido a la información. Si bien existen herramientas y servicios específicos que pueden dar respuestas a diferentes tipos de violencias, la incapacidad para darlos a conocer imposibilita su acceso.

Esto se vio acrecentado durante el aislamiento social obligatorio. Debido al colapso de ciertos canales de difusión, la imposibilidad moverse hacia el destino, y otras, obligaron (aunque sin respuestas ágiles) a diferentes organismos a crear nuevos mecanismos de difusión. Durante el aislamiento la Secretaría y el Observatorio de Violencia de Género dieron inicio al monitoreo de la aplicación de la Ley Micaela en la Provincia de Buenos Aires. En principio se buscó relevar la información disponible en redes sociales de cada municipio. Aunque todavía inicial, se pudieron recabar algunas necesidades:

- Reforzar los canales de comunicación y difusión de la información al interior de cada municipio con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires. Muchos municipios carecen de espacios vinculados a la resolución, tratamiento y acompañamiento en materia de violencias de género. 

- Existen municipios que cuentan con esos espacios pero que no dan cuenta de ello en sus plataformas, lo cual imposibilita su socialización y obstaculiza el acceso para las personas que lo requieran. En tiempos de aislamiento social los sistemas de comunicación debieran poder dar respuesta rápida y clara a esas necesidades. Con clara se hace referencia a que sean contactos reales que funcionen y sean eficientes. 

- La necesidad de reforzar los canales de difusión de los municipios y los organismos locales. De esta forma puede evitarse el desarraigo forzoso de personas que ante la falta de respuestas y soluciones dentro de su municipio migran o acuden al sistema de las grandes ciudades. Para los organismos que tienen funciones de articulación entre diversas áreas institucionales, como las de la Defensoría, es muy importante contar con los contactos de los espacios que puedan asistir a las personas que reclaman. Además es una forma de tejer redes entre los diferentes organismos estatales y de reforzar la importancia del ámbito local.  

El contexto del COVID-19 genera, ante la necesidad de denunciar, recibir atención médica o de otra índole, la percepción de parálisis institucional muchas veces fundada en las respuestas negativas del personal que, por desconocimiento u otras variables, desalienta el acceso a la información y a los dispositivos estatales vigentes.

En este sentido, se destaca la necesidad de implementación de la Ley Nacional N° 27.499 y Ley Provincial N°15.134, conocidas como Ley Micaela, con el objetivo de garantizar la capacitación de todes les funcionaries y trabajadores que se desempeñan en la administración pública. De esta manera los protocolos y recomendaciones encontrarán a un personal sensibilizado, formado y con herramientas que le permita actuar acorde a la situación, dando respuestas eficaces y procurando proteger la integridad de la persona.

Además, hacer hincapié en la necesidad de poner en funcionamiento el cuerpo de abogades para el patrocinio de víctimas de violencia de género, creada por la Ley N° 27.210 que tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género y poder hacer efectivo el ejercicio de sus derechos mediante patrocinio jurídico gratuito.

En este nuevo contexto social, se hace necesario advertir respecto de la sobrecarga de trabajo doméstico de las mujeres e identidades femenizadas. Las tareas de cuidado se suman a las tareas de trabajo de tipo Home office, asistencia de tareas escolares, cuidado de adultos mayores y otras. Al estar más tiempo en casa, este grupo de personas se enfrenta a una doble o triple jornada que requiere de mayor carga horaria y que reubica a las mujeres en tareas tradicionales fortaleciendo la División Sexual del Trabajo y potenciando los Estereotipos de Género.

El aislamiento social y obligatorio puso de relieve la importancia de las redes y dispositivos locales, especialmente en las barriadas populares donde las organizaciones sociales y políticas cumplen un rol fundamental en la atención y acompañamiento de la población. Tal es así que fueron las redes feministas las que dieron cuenta del aumento de la violencia hacia las mujeres en contexto de aislamiento y puso en alerta al Estado forzándolo y acompañándolo en el impulso de medidas extraordinarias para atender esta situación.

Asimismo muchos de los dispositivos locales ajustaron sus mecanismos de atención, creando canales de comunicación más cercanas como líneas locales, números de whatsapp y propulsando una articulación más fluida con las redes territoriales.  

A modo de cierre podemos decir que a 80 días del inicio de la cuarentena, que los modos de manifestarnos han cambiado, pero no damos ni un paso atrás en el compromiso y en las luchas que ese junio de 2015 nos llevaron a marchar por las calles reclamando #NiUnaMenos.