Patricia Aguirre espera la realización este tipo de proceso novedoso para que las víctimas de abusos en sus infancias alcancen una reparación. El papel de la Defensoría en el caso.
Su tío empezó a abusarla cuando ella tenía cinco años. Hasta los diez vivió este tormento que recién veinticinco años después, luego de ser madre y haber recibido tratamiento psicológico, pudo ponerlo en palabras y denunciarlo.
Pero se encontró con dos grandes problemas: el primero fue que parte de su familia la dejó de lado cuando lo contó. El segundo fue el legal, que marcaba que por los años que habían pasado desde los hechos ese delito había prescrito. Sin embargo hoy, con la posibilidad de los Juicios por la Verdad, tiene una nueva oportunidad de reparar ese daño.
“Éramos una familia muy clan, muy chapados a la antigua, donde había figuras matriarcales muy fuertes pero que a la vez reproducían toda la estructura patriarcal, porque éramos un mar de mujeres, pero todas abusadas y violentadas”, relató Patricia Aguirre, la protagonista de esta historia.
Con ese telón de fondo, los abusos se sucedieron durante cinco años, de 1990 a 1995. Primero en su casa en Glew, donde vivía en el mismo terreno que ocupaba su tío. Y después siguieron en San Vicente, a donde se había mudado a los nueve años, en la camioneta de él cuando iba a visitarlos.
“Lo naturalicé mientras vivía ahí, hasta le hacía la torta de cumpleaños a mi abusador: yo formé parte de ese silencio, de esa rueda que giraba, de la cultura de la violencia contra las mujeres, que eran secretos familiares que quedaban ahí”, explicó Patricia al analizar esos días.
Con los años, la maternidad la movilizó a contar su verdad. Fue así que comenzó terapia, donde buscó respuestas. “Era imposible hablarlo con mi familia, pero cuando se lo dije a mi mamá, ella también me contó los abusos que había sufrido, y fue como que todo ese silencio empezaba a tener una forma de tradición de secretos familiares. Esa verdad no podía quedar ahí, era una fuerza interna que tenía que salir. Tenía que hacer unos cambios a nivel familiar, y empecé a no soportar a vivir en esa situación”, explicó Patricia.
Pero hubo un punto de inflexión: el fallecimiento de su tía, la mujer del abusador. “Era el eje de la familia, por lo que su muerte me habilitó a decirlo. Fue mucho malestar acumulado hasta que te das cuenta de que necesitarás hablar. Lo hice y lo que vino fue un caos familiar, busqué estar resguardada con mi terapeuta, pero recibía mensajes, llamadas, diciéndome que me callara, que mi tía recién fallecida se estaría revolcando en la tumba”.
De esta forma, Patricia entendió que estos abusos sostenidos en el tiempo suceden porque hay un contexto, un entorno que los habilita. Había una mirada hacia el costado, en el caso que le tocó vivir, para que su tío, quien la debía cuidar cuando su mamá se ausentaba casi todo el día para trabajar, en vez de hacerlo abusaba de ella.
“Hay que pensar claramente en lo que viví: una nena de cinco años, con un hombre adulto que le ponía su pene erecto en la boca. Si la sociedad está tan adormecida, hay que decir las cosas como son. A mi no me hace mal hablar del tema, necesito ejercitar la palabra porque fueron muchos años de silencio. Y sí, forma parte de la incomodidad, pero tiene que ver con una idea y un tabú en torno a la sexualidad que nunca nos hizo bien como sociedad”, explicó.
“Cuando la familia me expulsa, me lleva a hacer la denuncia”, afirmó Patricia. Eso la llevó a comuncarse con la línea 137 de violencia sexual y familiar, desde donde le explicaron los pasos a seguir. Se acercó a la DDI de La Plata y comenzó el proceso judicial, sabiendo que había una prescripción de esos hechos por los años que habían pasado hasta que los denunció.
Sin embargo la denuncia, que fue acompañada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, continuó su camino. En ese esfuerzo para que la Justicia la escuchara, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, tomó el caso y consideró necesario la realización de un Juicio por la Verdad.
¿Qué son? Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción del delito, como le pasó a Patricia, pueden servir para que la persona que los haya sufrido pueda alcanzar algún tipo de reparación, más allá de que al condenado no se le aplique una pena concreta.
Hay que tener en cuenta que quienes fueron víctimas de abusos sexuales en sus infancias pueden haber sufrido diferentes experiencias traumáticas a lo largo del tiempo, que incluso pudieron afectar su desarrollo, con consecuencias en todas las esferas de sus vidas. A su vez, hay que entender las distintas circunstancias que les impidieron hacer la denuncia en su momento.
Por eso, los Juicios por la Verdad representarían una instancia jurídica para que las víctimas puedan manifestarle públicamente al Estado lo que padecieron, y las sentencias significarían una suerte de reparación simbólica ante todo lo que padecieron.
En este caso, el organismo que conduce Guido Lorenzino se presentó como amicus curiae ante la Justicia en defensa de la víctima, como una respuesta estatal que apunte a la reparación de los derechos vulnerados y para motivar la realización de este proceso en casos similares.
“Una hace la denuncia cuando puede, cuando le llega el momento de la palabra, y no haciendo cuentas con los tiempos de la ley, porque sino pierde inconsistencia, pierde valor que una se pueda exponer de esta manera para denunciar un delito de los más graves”, expresó Patricia.
Y finalizó: “Tiene que ver con un proceso interno y colectivo que tiene que llegar al Juicio por la Verdad, para que sirva para mover con la estructura para quienes tardan en términos de la justicia para hablar. Para las adultas y también para niñas que necesitan desarrollar su vida de la forma más sana posible”.