La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en su rol de organismo que preside el Órgano de Revisión Local de Salud Mental (ORSM), adhirió al documento “Consideraciones acerca del control de legalidad en la Ley de Salud Mental”, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN).
Este documento fue elevado por el Órgano de Revisión de Salud Mental de Chaco al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. El escrito, que también contó con la adhesión de los órganos de revisión de Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Santa Cruz, destaca la importancia del control de legalidad en las internaciones para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
Según se manifestó en el documento, este control es un mecanismo fundamental de la Ley Nacional de Salud Mental, ya que previene internaciones arbitrarias y asegura el respeto de principios esenciales como la autonomía, la dignidad y el debido proceso.
Asimismo, el documento subraya que el control de legalidad no solo implica la validación formal de las internaciones, sino también la supervisión de medidas como la sujeción mecánica o farmacológica.
En este sentido, el cumplimiento de estas medidas responde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ratificados constitucionalmente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otro lado, la Defensoría acompañó el pedido de los órganos de revisión de salud mental del país a la Agencia Nacional de Discapacidad, para que las resoluciones y el otorgamiento de pensiones no contributivas respeten los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este requerimiento busca garantizar que las decisiones administrativas relacionadas con prestaciones sociales sean acordes con los derechos reconocidos en los tratados internacionales.
A través de estas acciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la plena implementación de la Ley de Salud Mental en el territorio provincial, promoviendo un abordaje basado en el respeto de los derechos humanos y el acceso equitativo a los servicios de salud mental.