El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se presentó en la Justicia para que se determinen las causas de la muerte de la elefanta Sharima en el zoológico de Luján, y que se establezca la responsabilidad penal que le pudiera corresponder a las autoridades de ese establecimiento por el fallecimiento del animal.
En una presentación hecha en el Juzgado Federal de Mercedes, el organismo pidió que se habilite la feria judicial para tratar este caso, al tener en cuenta la gravedad de la denuncia sobre los padecimientos que sufría la elefanta, y la resistencia y rechazo por parte de los administradores de la firma Reserva Zoo Luján SRL para que se le diera asistencia veterinaria al animal.
Puntualmente, la Defensoría pide que la Justicia ordene una necropsia al cuerpo de la elefanta, y que cite como testigos especializados a representantes de la Fundación Franz Weber y de Elephants Helpers Argentina, para contar con elementos idóneos para analizar los resultados de este estudio, como también de aquella situaciones que permitan echar luz sobre el estado general de Sharima previo a su deceso.
“No darle tratamiento veterinario a los animales salvajes que se encuentran en cautiverio es un acto de crueldad, es una muestra de omnipotencia de la especie humana por sobre los animales que no resulta tolerable”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “el zoológico de Luján representa un disvalor social y jurídico, donde se vulnerabiliza a otro ser vivo promoviendo un modelo de negocios basado en una organización sistemática y coordinada de crueldad animal”.
Según trascendidos, la elefanta Sharima habría caído en la fosa perimetral del sitio en que se encontraba en cautiverio. Asimismo, diversas organizaciones con quienes trabaja la Defensoría mostraron, según sugieren fotografías y videos, los padecimientos múltiples que atravesaba el animal, y confirmaron que, frente a los requerimientos de profesionales independientes y voluntarios y voluntarias para brindarle asistencia veterinaria, encontraron resistencia y rechazo por parte de los administradores del establecimiento.
“La erradicación de este tipo de actos de crueldad constituye una obligación estatal, que comprende la interacción y articulación de los distintos poderes del Estado en sus diversos niveles , ya sea nacional, provincial y municipal, para alcanzar este objetivo. No debemos especializar las violencias”, expresó Lorenzino.