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La solicitud tiene que ver con que la intención de la empresa de operar en territorio bonaerense iría en contra con la norma que regula el funcionamiento de las farmacias.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que emita una sentencia sobre el caso de Farmacity y su desembarco en la Provincia, teniendo en cuenta la necesidad de que la empresa se ajuste a la ley para llevar adelante sus actividades en territorio provincial.
El pedido formal tiene que ver con que el máximo tribunal posee desde agosto de 2017 los expedientes de la causa para su análisis, por lo que la solicitud de la Defensoría está relacionado a la necesidad de acelerar el proceso para que haya una definición respecto al plan original de Farmacity.
“La intención de la empresa va en contra de la ley provincial que regula a las farmacias, que sostiene que el servicio que brindan debe ser de utilidad pública. La intención de Farmacity privilegia el lucro y no el espíritu de la norma, por lo que su desembarco siguiendo esta idea es claramente ilegal”, sostuvo Lorenzino.
El planteo de la Defensoría, que acompaña la postura del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, ya cuenta con fallos de distintas instancias que ratifican la vigencia y la constitucionalidad de la ley. Por eso, el Defensor del Pueblo pidió que la Corte “defina este caso en el que está en juego el derecho a la salud de los bonaerenses”.
El pedido formal tiene que ver con que el máximo tribunal posee desde agosto de 2017 los expedientes de la causa para su análisis, por lo que la solicitud de la Defensoría está relacionado a la necesidad de acelerar el proceso para que haya una definición respecto al plan original de Farmacity.
“La intención de la empresa va en contra de la ley provincial que regula a las farmacias, que sostiene que el servicio que brindan debe ser de utilidad pública. La intención de Farmacity privilegia el lucro y no el espíritu de la norma, por lo que su desembarco siguiendo esta idea es claramente ilegal”, sostuvo Lorenzino.
El planteo de la Defensoría, que acompaña la postura del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, ya cuenta con fallos de distintas instancias que ratifican la vigencia y la constitucionalidad de la ley. Por eso, el Defensor del Pueblo pidió que la Corte “defina este caso en el que está en juego el derecho a la salud de los bonaerenses”.