La Defensoría del Pueblo bonaerense formó parte de una nueva jornada de debate en el Senado provincial sobre el proyecto de Ley de Víctimas, un encuentro que apuntó a analizar entre distintos sectores la forma en que actualmente se desarrolla el proceso penal y la forma de mejorarlo.
En este encuentro, del que formó parte el director General de Coordinación de Unidad Defensor de la Defensoría, Jerónimo Guerrero Iraola, se puso el foco en el proceso penal, que fue definido como confiscatorio para las víctimas, por lo que se acordó la necesidad de avanzar hacia un modelo de derecho como el germánico, en los que la vocación estatal está orientada a la reparación, es decir, a una justicia restaurativa.
Se trató de la segunda jornada de trabajo propuesta por la Comisión de Legislación General de la Cámara alta bonaerense, de la que participaron los senadores Francisco Durañona y Leandro Blanco, y que contó con un panel de expertos compuestos por especialistas en derecho penal de las universidades de Buenos Aires (UBA) y la Católica Argentina (UCA), funcionarios de diferentes organismos estatales provinciales, legisladores y referentes de derechos humanos, entre otros.
Entre los puntos principales que se debatieron figuraron la necesidad de no descodificar el procedimiento penal y la faz de ejecución, y comprender que la posibilidad efectiva de que las víctimas tengan mayores niveles de participación es central para tender a una justicia restaurativa, pero sin dinamitar lo más rico del modelo acusatorio, consistente en el resguardo de las garantías procedimentales, constitucionales y convencionales.
También se acordó sobre la importancia de contar con estadísticas y experiencias, sobre todo estatales y/o gubernamentales, como la Defensoría, que permitan reconstruir el camino de las víctimas y, sobre todo, su caracterización, lo que es central para pensar en un Estado eficiente e inteligente.
A su vez, se coincidió en no generar una expectativa que no halle un correlato material. Por eso, se habló de destinar recursos y capacidades estatales de respuesta, porque sino se estaría tendiendo a la revictimización y a una vulneración de derechos humanos, como el acceso a la Justicia.
Por último, se diagramó una propuesta basada en abrir el debate, gestar consensos, construir en el tiempo el mejor instrumento posible, que sea contemplativo de las realidades bonaerenses, para tener en cuenta las realidades municipales y las múltiples víctimas que trascienden por mucho el arquetipo urbano del AMBA.