“El Estado debe replantear sus políticas públicas y económicas, porque el envejecimiento de nuestra sociedad tendrá un profundo impacto sobre los sistemas de salud, seguridad social y previsionales”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, al disertar en la jornada organizada por el PAMI, en el “Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez”.
Honores consideró que “el paso paulatino de comunidades más jóvenes a adultas y de éstas a envejecidas, nos obliga al diseño de políticas públicas que, además de atender las necesidades actuales, deben apuntar al mediano y largo plazo, teniendo como eje transversal la perspectiva de derechos humanos”.
Sostuvo que “con el paso de los años se observó que las protecciones genéricas no fueron suficientes”, y dijo que “se avanzó en la tutela específica de determinados sectores que, como en el caso de los adultos mayores, se han visto postergados en el disfrute de sus derechos”.
En esa línea, destacó la decisión Argentina de ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de 60 años, que consagra una serie de principios generales que deben servir de guía en su protección.
El Defensor explicó que “la Convención plantea la adopción de políticas públicas destinadas a atender y satisfacer las necesidades de las personas mayores, las considera sujetos titulares de derechos y no meros objetos de algunas prestaciones asistenciales”.
“Es necesario revisar toda acción pública que tienda a la sustitución de la decisión de la persona mayor, porque debe ser escuchada y decidir sobre su propia vida”, subrayó Honores, y amplió que “lejos de sustituir su voluntad, las políticas deben apoyar y cuidar su autonomía, para lo que es necesario establecer garantías en los ámbitos administrativo y judicial”.
La exposición de Honores tuvo como marco la jornada “Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez”, en la que también expusieron el director ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti; Javier Uribe, de la Organización Panamericana de la Salud; la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Marisa Nasimoff Frescó; Alejandro Robino, de la dirección nacional de Políticas para Adultos Mayores; Eric Deuteris, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI –PAMI); el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino; y Ricardo Mascal, de la industria farmacéutica, mientras que el cierre estuvo a cargo del titular de la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios de la secretaría general de Promoción Social, Ricardo de los Santos.