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El organismo que conduce Guido Lorenzino acordó acciones junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación para garantizar los derechos en contextos de encierro.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, acordó junto al Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, una serie de acciones para mejorar las unidades carcelarias y los sitios de detención de la Provincia, con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas en contextos de encierro.
El compromiso apunta intercambiar experiencias entre los organismos, realizar capacitaciones, monitoreos conjuntos y también trabajar constructivamente para promover reformas legislativas y adoptar medidas que permitan el acceso efectivo a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna.
“Compartimos la preocupación por las dificultades que enfrentan los privados de libertad para gozar de sus derechos, por lo que creemos que es necesario coordinar y complementar acciones que sirvan para que estas personas no sufran la vulneración de sus derechos”, sostuvo Lorenzino.
El acuerdo tuvo lugar luego de un encuentro entre los titulares de los dos organismos, del que también participaron el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, y el secretario de Violencia Institucional de la Defensoría, Luis Rech.
El compromiso apunta intercambiar experiencias entre los organismos, realizar capacitaciones, monitoreos conjuntos y también trabajar constructivamente para promover reformas legislativas y adoptar medidas que permitan el acceso efectivo a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna.
“Compartimos la preocupación por las dificultades que enfrentan los privados de libertad para gozar de sus derechos, por lo que creemos que es necesario coordinar y complementar acciones que sirvan para que estas personas no sufran la vulneración de sus derechos”, sostuvo Lorenzino.
El acuerdo tuvo lugar luego de un encuentro entre los titulares de los dos organismos, del que también participaron el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, y el secretario de Violencia Institucional de la Defensoría, Luis Rech.