La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que de forma urgente suspenda el envío de citaciones a personas con pensiones por discapacidad, al entender que las mismas van en contra de los derechos y la seguridad social de las y los usuarios del servicio de salud.
El organismo que conduce Guido Lorenzino hizo este planteo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se encuentra en un proceso de entrega de estas notificaciones para hacer una auditoría sobre el padrón de personas con pensiones no contributivas, con el objetivo de determinar a quién le sacan o no la ayuda del Estado.
El problema que detectó la Defensoría es que por ejemplo se enviaron citaciones a personas usuarias de los servicios de salud mental, muchas de ellas internadas en hospitales de la Provincia, que se verían afectadas ya que se les exige que se dirijan de forma presencial a diferentes establecimientos privados o en la misma ANDIS en fecha y hora determinada, bajo apercibimiento de suspenderse el beneficio.
También hay casos de personas que reciben tratamiento ambulatorio, quienes por la forma en la cual se encuentra redactada la citación, con lenguaje excesivamente técnico, genera confusión sobre lo que tienen que hacer, o los reiterados casos en los cuales las citaciones fueron entregadas a terceras personas y no a sus destinatarios o titulares.
Todo esto ya había sido señalado por el Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental, que preside la Defensoría, que en agosto de 2024 le había exigido a la ANDIS que realizara los ajustes razonables antes de enviar estas notificaciones, pedido que nunca tuvo respuesta favorable por parte del gobierno nacional.
Por eso, la Defensoría ahora pidió a la ANDIS la suspensión inmediata de estas citaciones, y que antes de volver a enviarlas informe de manera detallada cuáles son los criterios que se utilizarán hacer estas revisiones.Además, que garantice que las próximas notificaciones se cursen a los titulares y se realicen en un lenguaje claro, para que puedan ser comprendidos por las y los destinatarios en lo que respecta al alcance de la revisión y sus consecuencias, y que se simplifique la documentación a presentar en la entrevista.
Por último, que las entrevistas se realicen en los lugares donde se hallan las y los usuarios del sistema de salud, si se trata de personas que se encuentran en los hospitales de la Provincia, o que las mismas sean en dependencias lo más cercanas a sus domicilios, según las circunstancias personales de cada persona beneficiaria.
“El Estado, por los estándares internacionales que está obligado a cumplir, debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad en general, y de quienes tienen padecimientos de salud mental en particular. Estas citaciones no hacían otra cosa que complicar aún más a quienes deben tener los mayores cuidados”, aseguró Lorenzino.