La Defensoría relevó cómo avanza la aplicación de la Ley Micaela en los municipios bonaerenses

19 de abril de 2021 |

Alto compromiso en materia de género y en la realización de las capacitaciones, pero también los desafíos a la hora de ampliar el alcance de estas políticas, fueron los principales puntos del relevamiento hecho por la Defensoría del Pueblo bonaerense respecto a la aplicación de la Ley Micaela en la Provincia a dos años de su puesta en marcha.

Este estudio realizado por la secretaría de Género, Niñez y Adolescencia del organismo que conduce Guido Lorenzino puso el foco en los éxitos y las dificultades relacionadas con la adhesión provincial a esta norma nacional que promueve la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

Para eso, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría relevó lo que sucede en 30 municipios, y mostró que existe una alta cantidad de administraciones que cuentan con áreas de género, la promoción dela Ley Micaela, y desafíos especialmente en materia de recursos humanos para ponerla en práctica.

En primer lugar, el 94% de los municipios relevados cuentan con un área de género, lo que muestra el proceso de compromiso con la temática por parte de los municipios. A su vez, el 64% de las administraciones ya realizaron al menos una capacitación o se encuentran en proceso de realizarla.

Sin embargo, el hecho de que existan espacios de género en los municipios no significa que deban ser estos los responsables de formarse para después llevar a cabo la capacitación al interior de las administraciones, debido a que la situación de desborde de esas área impide que tomen nuevas tareas.

Es por eso que el relevamiento también observó los desafíos que enfrentan los municipios. Por ejemplo, un bajo porcentaje de éstos, un12,6% armaron mesas de trabajo específicas que posibiliten la comprensión delas especificidades de cada municipio y la diversidad de áreas de trabajo quelo conforman (niñez, educación, rentas, recolección de basura, obrador etc),para pensar en la aplicación de la ley según las condiciones materiales e históricas de cada lugar.

A su vez, sólo el 20% de los municipios crearon un órgano de Implementación, establecido por la ley.

Se trata de un espacio específico para llevar adelante la implementación, conformado por áreas del Ejecutivo y Legislativo local, lo que posibilitará evitar el desborde de aquellos dedicados a la temática. “La aplicación de la Ley Micaela mostró avances significativos en estos dos años en materia de sensibilización de género.

Hay que tener en cuenta que estas capacitaciones se encuentran en marcha y van a ser cada vez más los municipios que contarán con esta política a favor de los y las agentes que integran cada administración”, sostuvo Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo planteó que “para profundizar este proceso es necesario avanzar en la creación de equipos específicos. Además, hay que trabajar con cada municipio en su especificidad, asumiendo sus posibilidades y dificultades, lo que debería llevar a las entidades provinciales correspondientes a trabajar activamente en la compensación de esas dificultades”.