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Reunión de trabajo entre directivos de la Sociedad Rural de San Vicente y el área de Políticas Tributarias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
La necesidad de corregir un “error en la valuación fiscal” asignada a los campos del partido de San Vicente, que impacta negativamente sobre la economía de los productores a partir de los elevados montos que deben pagar por el Impuesto Inmobiliario Rural, fue motivo para que el equipo que conduce el Defensor Adjunto, Marcelo Honores, compuesto por Marisel Toral y María Eugenia Quiroga, junto al delegado de la Defensoría en San Vicente, Juan Cruz Garat, y Santino Vidal, analizaron con el presidente y el vice de la SRA, Horacio Deciancio y Alejandro Schiappacassi, los caminos para solucionar la distorsión impositiva que tiene origen en el revalúo que, por decreto del Ejecutivo, se aplicó en 2012.
Durante el encuentro y en las charlas previas, los representantes de la Rural, en representación de 300 productores de esa localidad, plantearon la necesidad de accionar ante ARBA con la finalidad de corregir el error en la valuación fiscal asignada a las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural de San Vicente.
Deciancio y Schiappacassi explicaron que al momento de realizarse el revalúo (Ley 10.707), “por error se consideró como parámetro para establecer la valuación, el dato de dos operaciones de compra venta de campos, con fines de desarrollo inmobiliario”. Y detallaron que “por ese motivo, desde 2012 se considera una base imponible equivocada para el cálculo del tributo”. Los directivos de la SRA aportaron comparaciones de las valuaciones de los campos de ese distrito con los de Coronel Brandsen y General Paz (Ranchos).
De esa presentación, se desprende que “la valuación fiscal por hectárea asignada a San Vicente duplica a la de los partidos vecinos, teniendo las mismas características productivas”.
El área de Política Tributaria de la Defensoría elevó el reclamo de los productores a la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, que quedó en definir el tema una vez que concluyan el análisis de la situación, mientras que los nuevos elementos aportados por los productores durante la reunión de trabajo serán “inmediatamente trasladados” a los funcionarios de ARBA que estudian la cuestión.
Durante el encuentro y en las charlas previas, los representantes de la Rural, en representación de 300 productores de esa localidad, plantearon la necesidad de accionar ante ARBA con la finalidad de corregir el error en la valuación fiscal asignada a las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural de San Vicente.
Deciancio y Schiappacassi explicaron que al momento de realizarse el revalúo (Ley 10.707), “por error se consideró como parámetro para establecer la valuación, el dato de dos operaciones de compra venta de campos, con fines de desarrollo inmobiliario”. Y detallaron que “por ese motivo, desde 2012 se considera una base imponible equivocada para el cálculo del tributo”. Los directivos de la SRA aportaron comparaciones de las valuaciones de los campos de ese distrito con los de Coronel Brandsen y General Paz (Ranchos).
De esa presentación, se desprende que “la valuación fiscal por hectárea asignada a San Vicente duplica a la de los partidos vecinos, teniendo las mismas características productivas”.
El área de Política Tributaria de la Defensoría elevó el reclamo de los productores a la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, que quedó en definir el tema una vez que concluyan el análisis de la situación, mientras que los nuevos elementos aportados por los productores durante la reunión de trabajo serán “inmediatamente trasladados” a los funcionarios de ARBA que estudian la cuestión.