Con el objetivo de analizar los alcances de un habeas corpus colectivo sobre detenciones ilegales por tenencia de marihuana, presentado a fines de 2019, se realizó una reunión de trabajo en la delegación de la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata.
La acción judicial está basada en denuncias por una serie de hostigamientos, aprehensiones y traslados a dependencias policiales de personas a las que se incautaron pequeñas cantidades de estupefacientes –especialmente marihuana- para consumo personal.
Desde hace 10 años, luego del fallo de la Corte Suprema en el caso Arriola, la aplicación de penas y multas por la tenencia para consumo personal se considera inconstitucional en la Argentina.
Las estadísticas oficiales mostraron un exorbitante aumento porcentual de este tipo de procesos penales en el departamento judicial de Mar del Plata: pasaron del 0,64% del total de instrucciones por violación a la Ley de Estupefacientes en 2017 a más del 40% en 2018. Durante el mismo período, se registró una baja significativa de las causas por comercialización.
“Nos generan preocupación las denuncias que hablan de cientos de jóvenes que, por su apariencia física, su aspecto o su vestimenta, son sometidos sin ningún motivo a interceptaciones, cacheos y requisas personales, motivadas en la necesidad de encontrar estupefacientes que permitan engrosar artificialmente las estadísticas", explicó el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, tras la reunión.
Martello agregó que "se trata una política y una directiva que fue emanada por la anterior gestión de gobierno, que debe ser desterrada”.
Del encuentro participó Yamila Zabala Rodríguez, en representación de la Comisión por la Memoria; integrantes de la Asociación Marplatense de Cannabicultores y el titular de la delegación Eduardo Carnicero.
“La situación se acentuó en 2019, que fue un año electoral, ya que desde el poder político se les habría exigido a los jefes policiales que incrementaran los operativos anti drogas, sin importar el tipo de delito, de forma tal que ese accionar se pudiera visualizar en las estadísticas”, indicó Martello.
Desde hace 10 años, luego del fallo de la Corte Suprema en el caso Arriola, la aplicación de penas y multas por la tenencia para consumo personal se considera inconstitucional en la Argentina.
Las estadísticas oficiales mostraron un exorbitante aumento porcentual de este tipo de procesos penales en el departamento judicial de Mar del Plata: pasaron del 0,64% del total de instrucciones por violación a la Ley de Estupefacientes en 2017 a más del 40% en 2018. Durante el mismo período, se registró una baja significativa de las causas por comercialización.
“Nos generan preocupación las denuncias que hablan de cientos de jóvenes que, por su apariencia física, su aspecto o su vestimenta, son sometidos sin ningún motivo a interceptaciones, cacheos y requisas personales, motivadas en la necesidad de encontrar estupefacientes que permitan engrosar artificialmente las estadísticas", explicó el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, tras la reunión.
Martello agregó que "se trata una política y una directiva que fue emanada por la anterior gestión de gobierno, que debe ser desterrada”.
Del encuentro participó Yamila Zabala Rodríguez, en representación de la Comisión por la Memoria; integrantes de la Asociación Marplatense de Cannabicultores y el titular de la delegación Eduardo Carnicero.
“La situación se acentuó en 2019, que fue un año electoral, ya que desde el poder político se les habría exigido a los jefes policiales que incrementaran los operativos anti drogas, sin importar el tipo de delito, de forma tal que ese accionar se pudiera visualizar en las estadísticas”, indicó Martello.