Mejorar las condiciones de las personas trans y travestis detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, fue el eje de la reunión entre el Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, la directora del Servicio Penitenciario bonaerense, Florencia Piermarini y el director provincial de Política Criminal, Juan Martín Ramos Padilla. A través
Mejorar las condiciones de las personas trans y travestis detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, fue el eje de la reunión entre el Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, la directora del Servicio Penitenciario bonaerense, Florencia Piermarini y el director provincial de Política Criminal, Juan Martín Ramos Padilla.
A través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), la Defensoría presentó un diagnóstico a partir del trabajo de relevamiento en cárceles provinciales y algunas propuestas vinculadas al régimen de visitas, registros, condiciones de alojamiento y programas de salud que afectan al colectivo trans, con el fin de adecuarlas a la ley nacional de identidad de género.
En esa línea, Bonicatto señaló que "a través del reconocimiento del derecho de las minorías estamos defendiendo la consolidación del avance en materia de derechos humanos" y agregó que "la política de nuestra institución es aportar los datos que constatamos de la realidad y elevarlos a los organismos competentes para incidir en la construcción de políticas públicas".
Piermarini, por su parte, agradeció el aporte de la Defensoría y expuso los avances en materia de requisas y capacitación en derechos humanos a los trabajadores del servicio penitenciario. Además, avanzó en una propuesta conjunta de un protocolo para el registro de este colectivo.
En consonancia, el director Ramos Padilla abordó el tema de la educación y destacó que "estamos trabajando para generar un cambio cultural en materia de derechos humanos".
En la reunión, estuvieron presentes el secretario de Prevención contra la Violencia Institucional, Guillermo Gentile, la coordinadora y miembro del OVG, Laurana Malacalza y Carolina Racak.
A través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), la Defensoría presentó un diagnóstico a partir del trabajo de relevamiento en cárceles provinciales y algunas propuestas vinculadas al régimen de visitas, registros, condiciones de alojamiento y programas de salud que afectan al colectivo trans, con el fin de adecuarlas a la ley nacional de identidad de género.
En esa línea, Bonicatto señaló que "a través del reconocimiento del derecho de las minorías estamos defendiendo la consolidación del avance en materia de derechos humanos" y agregó que "la política de nuestra institución es aportar los datos que constatamos de la realidad y elevarlos a los organismos competentes para incidir en la construcción de políticas públicas".
Piermarini, por su parte, agradeció el aporte de la Defensoría y expuso los avances en materia de requisas y capacitación en derechos humanos a los trabajadores del servicio penitenciario. Además, avanzó en una propuesta conjunta de un protocolo para el registro de este colectivo.
En consonancia, el director Ramos Padilla abordó el tema de la educación y destacó que "estamos trabajando para generar un cambio cultural en materia de derechos humanos".
En la reunión, estuvieron presentes el secretario de Prevención contra la Violencia Institucional, Guillermo Gentile, la coordinadora y miembro del OVG, Laurana Malacalza y Carolina Racak.