El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires creó el Observatorio de Violencia de Género (OVG) como el modo para contribuir en el avance hacia la unificación de los registros sobre violencia de género.

Se propone atender un problema prioritario advertido, sobre el cual la provincia de Buenos Aires no posee ninguna instancia unificada de producción, sistematización y análisis de la información, con el fin de monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. El Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires recibe solicitudes de intervención y/o de asesoramiento sobre situaciones de violencia de género de toda la provincia, las cuales son ingresadas de manera presencial, telefónica o vía web. En este sentido el OVG ha elaborado un Protocolo de Atención de Casos en Emergencia de Situación de Violencia Familiar y de Género, destinado a los y las operadores/as de la Defensoría del Pueblo, el cual pretende ser un instrumento orientativo con pautas para la recepción de casos.

El OVG está conformado por profesionales de distintas disciplinas (psicología, comunicación, derecho y sociología). Su composición da cuenta de una decisión institucional que pretende realizar un abordaje interdisciplinario e integral de la problemática de violencia de género, en contraposición a lo que, creemos, caracteriza el modelo de intervención estatal predominante, de carácter unilateral y fragmentario. En ese sentido, desde el Observatorio se han ido construyendo criterios de abordaje y posicionamientos comunes, desde una perspectiva crítica de Derechos Humanos, respecto al modelo de gestión institucional de la problemática -lo cual tiene directa relación con la función de monitoreo de la política pública que incluye instancias de supervisión.

En favor de una mirada multidimensional y de favorecer un abordaje integral de los casos, se busca evitar intervenciones reduccionistas, que se concentren exclusivamente en el aspecto judicial, realizando un abordaje que dé visibilidad a la cantidad de problemáticas sociales que en general atraviesan las personas que sufren violencia de género (subsidios, empleo, políticas de cuidado para personas dependientes, atención en la salud, soluciones habitacionales).