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1#EducaciónSexual
Según la Defensoría, sólo el 30% de los docentes dictaron contenidos relacionados a la ESI
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2#Discapacidad
Un pedido de la Defensoría obligó al gobierno a resolver el trámite de pensión a un nene discapacitado
#EducaciónSexual
Según la Defensoría, sólo el 30% de los docentes dictaron contenidos relacionados a la ESI
La Defensoría del Pueblo bonaerense mostró que en promedio menos del 30% de los docentes dictan contenidos contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), por lo que le reclamó al Estado que garantice el cumplimiento de esta norma en establecimientos de gestión privada y pública, y alertó por la subejecución presupuestaria de distintos programas que promueven la salud sexual y reproductiva.
Esta afirmación se desprende del análisis de los datos arrojados por las Pruebas Aprender 2018 hechas por el Ministerio de Educación nacional, que relevó cómo se dictaron contenidos relacionados a las nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género; sobre métodos anticonceptivos; prevención de enfermedades de transmisión sexual; y el embarazo y sus aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.
El estudio educativo arrojó que, a nivel nacional, el 23% de los docentes de sexto grado que fueron consultados incluyen en sus clases contenidos vinculados con la difusión de métodos anticonceptivos y, en la Provincia, el número subió al 32%. En el caso de colegios privados, la cantidad de profesores que enseñaron sobre este tema es menor: 17% lo hicieron en el país y 22% en territorio bonaerense.
Por otro lado, a nivel nacional el 26% ha dictado temáticas relacionadas con aspectos sociales, biológicos y afectivos del embarazo y el 33% en la Provincia. En establecimientos privados, la proporción fue del 30 y 36%, respectivamente.
Al analizar las nuevas formas de masculinidad y femineidad, la cantidad de docentes a nivel nacional que dictaron contenidos relacionados a esta temática fueron del 20% y del 23% en Provincia. En los colegios privados, los porcentajes cayeron al 18 y al 20% respectivamente.
Al indagar sobre la opinión de los estudiantes, de forma similar a lo que ocurre con los docentes, el relevamiento destacó que los dos contenidos con menor cantidad de menciones tienen que ver con cómo evitar el abuso sexual y los métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. En este caso se observa que la proporción de estudiantes que menciona que los docentes les hablaron de estos contenidos es mayor en el sector estatal. En tanto, mientras un 28% de los estudiantes del sector privado menciona que los docentes de su escuela les hablaron sobre cómo evitar el abuso sexual, entre los estudiantes del sector estatal esta proporción asciende al 40%.
“Estos son datos que preocupan. Es indispensable que la ESI se aplique en todos los colegios públicos y privados. Además, es necesario que no se subejecuten los presupuestos destinados a esta temática y que se destinen más fondos a programas relacionados a la salud sexual, a la procreación responsable y contra las enfermedades de transmisión sexual”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, responsable del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo, reclamó que “se eliminen estos obstáculos, como aconsejó el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de nacimientos en madres de menos de 15 años”.
#Discapacidad
Un pedido de la Defensoría obligó al gobierno a resolver el trámite de pensión a un nene discapacitado
La Defensoría del Pueblo bonaerense logró que la Justicia le ordene al gobierno nacional entregar una pensión no contributiva por invalidez a un menor con retraso mental, luego de que se denunciara la demora de la Agencia Nacional de Discapacidad para entregar este beneficio.
Así lo determinó el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora, que le dió un plazo de 10 días administrativos a esta Agencia que depende de la Secretaría General de la Presidencia para cumplir con el pedido de la familia.
Antonio I. es un menor que padece un retraso mental leve y deterioro del comportamiento de grado no especificado, por lo que posee certificado de discapacidad. La pensión que su familia le solicitó al gobierno es de imperiosa necesidad, porque les resulta sumamente difícil afrontar los gastos correspondientes a sus necesidades básicas.
“Este caso es uno de los miles que hay en el país, donde el gobierno no cumple en tiempo y forma con la entrega de beneficios indispensables para que quienes tienen algún tipo de discapacidad lleven una vida digna. El Estado, más que nadie, debe tomar todos los recaudos para que se garantice un derecho tan esencial como el de la salud”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
