Es una de las principales conclusiones de un informe realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense. Tras analizar las últimas variaciones de la tasa de natalidad infantil y materna registradas por el Estado nacional, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, remarcó que las estadísticas oficiales muestran que el 25% de quienes fueron madres y no finalizaron el Polimodal tienen menos de 20 años en la Provincia, mientras que ese porcentaje se reduce al 5% cuando se analiza a las madres jóvenes que dieron a luz y cuentan con el secundario completo.

En tanto, la problemática es aún más marcada nivel nacional. Al ponderar el nivel de instrucción, aparece que dentro del universo de mujeres que no tienen estudios secundarios completos y dieron a luz, el 29% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años. Ese indicador baja al 4,5% cuando se analizan los indicadores de los recién nacidos cuyas mamás lograron terminar el Polimodal.

Cabe destacar que, según datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información de Salud de la Nación (correspondiente al período 2016-2017), se evidenció una suba de los casos de las niñas y adolescentes, menores de 15 años de edad, que dan a luz: los nacimientos pasaron de 2.419 por año a 2493.

Algunos números hablan por si solos en todo el territorio:

• 6 niños/as nacen por día cuyas madres son menores de 15 años
• Esto implica que cada 3 horas nace un niño/a cuya madre tiene menos de 15 años.
• Si tomamos en cuenta el registro de la provincia de Buenos Aires, 2 niños/as nacen por día con madres menores de 15 años.

Martello pidió a distintos estamentos del Estado cumplir con las recomendaciones que, en 2018, realizaron el Comité del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para que se cumpla en la Argentina con la aplicación en todo el país de distintas políticas de educación sexual y salud reproductiva.

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, que tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del organismo constitucional, destacó que “una de las principales herramientas que tiene el Estado ante esta problemática es la educación. Es indispensable que la Ley de Educación sexual (ESI) se aplique en todo el sistema educativo, tanto en las escuelas de gestión pública como en los colegios privados”.

“El año pasado, luego de un pedido que hicimos desde la Defensoría, el Consejo Federal de Educación aprobó la incorporación de la ESI en los Proyectos Institucionales de todas las escuelas y la creación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs). Es indispensable que, a partir del ciclo lectivo 2019 que está pronto a comenzar, no haya excepciones en su aplicación”, añadió.

Además de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, también se viene evidenciando un aumento de la cantidad de niñas menores de 15 años que dan a luz en otras jurisdicciones: Corrientes, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En tanto, la provincia de Formosa tiene la tasa más alta con el 1,01%, seguida por Chacho y Misiones con el 0,8%, y Salta con el 0,71%. Como contraparte, los indicadores más bajos se registran en la Ciudad de Buenos Aires (0,06%) y Tierra del Fuego (0,07%).

En términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias.

El derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de tener la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable y deben estar informadas y empoderadas para auto-protegerse de las infecciones de transmisión sexual.

Teniendo en cuenta esta crítica situación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y el Comité de Derechos del Niño de la ONU incluyeron, dentro de sus observaciones finales de 2018, un severo llamado de atención a nuestro país. Concretamente, el Comité DESC “está preocupado por el alto abandono escolar, la limitada cobertura de la educación temprana marcada por altas disparidades regionales y según ingreso familiar, la falta de datos sobre el acceso a la educación para personas con discapacidad y por la deficiencia en la implementación del programa de educación sexual integral” Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación “por los obstáculos a los que se siguen enfrentando los adolescentes en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación en ese ámbito, la elevada incidencia de embarazos entre las adolescentes y el alto riesgo de mortalidad materna entre las madres adolescentes, así como el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos modernos y de planificación familiar” En ese sentido, desde ambos Comités organismo internacional recomendaron:

• Garantizar que la educación sobre salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios escolar obligatorio, y que en su formulación participen adolescentes de ambos sexos, y se preste particular atención a la prevención de los embarazos precoces y de las infecciones de transmisión sexual.
• Adoptar protocolos en todas las provincias para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y mujeres que recurren al aborto en los casos previstos en la ley vigente y en conformidad con dicha sentencia.
• Garantizar la provisión permanente de métodos anticonceptivos de corta y larga duración en todo el territorio nacional garantizando su accesibilidad y efectivo uso, así como mejorar la prevención, proveer los servicios de cuidado temprano y el control del embarazo con un enfoque intercultural, fortaleciendo la estrategia para el alta conjunta hospitalaria para los recién nacidos de alto riesgo.
• Adoptar medidas proactivas para garantizar que las leyes, regulaciones y prácticas pertinentes con respecto a las objeciones de conciencia por parte del personal médico para realizar o asistir en abortos legales no obstruyan el acceso rápido y efectivo al aborto y aseguren el trato profesional y en respeto de la dignidad humana de todas aquellas personas que buscan acceso a servicios de aborto;

Cabe destacar que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la ONU, afirma que se debe garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Este objetivo insta a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, reducir el índice de mortalidad materna mundial y acabar con la epidemia de Sida para 2030. También se viene advirtiendo que las mujeres pobres sufren de manera desproporcionada embarazos no deseados, abortos en condiciones de riesgo, mortalidad y discapacidad maternas, infecciones de transmisión sexual (ITS) y problemas relacionados.