El derecho a la protección judicial comprende la potestad de disponer de un procedimiento sencillo, rápido y efectivo por el cual la justicia ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales; en tal sentido, para que exista una verdadera tutela judicial es necesario no sólo el libre acceso y la existencia formal de los recursos, sino que los mismos tengan efectividad.

La garantía del recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho en una sociedad democrática, y tiene una estrecha vinculación con el derecho al debido proceso, de tal manera que se consideran como dos caras de la misma moneda¹.

Por su parte, el derecho al debido proceso legal es concebido como una garantía aseguradora de los demás derechos fundamentales y abarca el conjunto de preceptos básicos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus intereses en todo procedimiento de naturaleza jurisdiccional de orden penal, civil, laboral, administrativo, fiscal, migratorio o de cualquier otro carácter que pueda afectarles.

El mismo implica que se respeten - entre otras garantías - el acceso a la jurisdicción; el derecho de todas persona a ser oída públicamente y dentro de un plazo razonable; la presunción de inocencia; el derecho a la defensa; la doble instancia; la prohibición del non bis in idem; y la publicidad del proceso.

1. Cfr. O'Donnell, Daniel, "Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano"; Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, primera edición: Bogotá, abril de 2004.