La libertad de reunión comprende la potestad que tienen las personas de participar en reuniones de naturaleza pacífica exteriorizadas en manifestaciones públicas, asambleas transitorias o actos de protesta, que se convoquen para la defensa de intereses comunes de cualquier tipo.

La libertad de asociación, en cambio, abarca la posibilidad de constituir las asociaciones y organizaciones que se crean convenientes y de afiliarse o no a ellas, y encuentra su fundamento en el carácter social del ser humano. Este derecho tiene dos dimensiones: una individual, en virtud de la cual las personas pueden asociarse libremente con otras sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan su ejercicio, y otra colectiva o social, entendida como un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos¹. Por lo que, ambas dimensiones deben ser garantizadas simultáneamente, sin perjuicio de las limitaciones permitidas.

Estos derechos no son absolutos, de tal modo que su ejercicio puede estar sujeto a restricciones legales que sean necesarias en una sociedad democrática para resguardar intereses referidos a la seguridad individual y nacional, el orden, la moral o la salud públicas, así como los derechos o las libertades de las demás personas. Particularmente se prevé la limitación del derecho a la asociación a integrantes de fuerzas de seguridad.