El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial dejó expresa constancia de la falta de respuesta del Estado argentino a la pregunta que oportunamente se le formuló sobre "si los derechos de que gozaban los extranjeros, según los artículos 14 a 20 de la Constitución, que al parecer aseguraban a los extranjeros los mismos derechos de que gozaban los ciudadanos, incluían los derechos políticos" (párr. 81).

El Comité abordó el ejercicio de los derechos políticos por parte de las personas integrantes de comunidades indígenas, observando que no "se habían proporcionado cifras sobre la medida en que las poblaciones indígenas participaban en el Congreso, la Administración o las instituciones encargadas de los asuntos indígenas" (párr. 64).

El Comité observó, entre los principales motivos de preocupación a "la falta de información acerca de la representación de las poblaciones indígenas y de las otras minorías étnicas en los cargos públicos, la policía, la justicia, el Congreso y, más generalmente, en la vida socioeconómica del país, en la medida en que ello obstaculiza una evaluación completa por el Comité de la aplicación de las disposiciones de la Convención respecto de esas poblaciones" (párr. 16).

Así, entre las sugerencias y recomendaciones que efectuó el aludido órgano, se destaca la solicitud al Estado para "que en su próximo informe periódico incluya toda la información disponible sobre la situación socioeconómica de los miembros de las comunidades indígenas y de las minorías étnicas, principalmente sobre su participación en la vida política y económica del país, así como su representación ante las administraciones, federal y provinciales" (párr. 22).