Los órganos de protección del sistema universal han desarrollado diversos aspectos específicos del derecho a la vivienda en Argentina y las medidas a tomar de parte del Estado para cumplir con la garantía del mismo.

En tal sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alertó sobre la insuficiencia y falta de adecuación de las políticas públicas para abordar el problema del déficit de viviendas, como también observó con preocupación que los aumentos en materia de alquileres no eran equiparables a los incrementos salariales. Cuestionó que la especulación con la tierra, la propiedad inmobiliaria y la construcción haya generado dificultades para la población de ingresos medios y bajos en el acceso a la vivienda. Recomendó al Estado el cumplimiento de las observaciones generales Nº 4 y Nº 7 y que se revisen los procedimientos de desalojo de ocupantes en situación ilegal. El órgano aludido instó al país a adoptar medidas que garanticen el acceso a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial refirió a los desalojos de los pueblos indígenas, solicitando se asegure lugares dotados de servicios básicos para su reubicación, en caso que los mismos fueran necesarios. Hizo lo propio respecto de trabajadores y trabajadoras migrantes.

A su vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer profundizó en la trascendencia y necesidad de contar con una perspectiva de género en las políticas públicas que tiendan a solucionar la escasez de vivienda.

El Comité de los Derechos del Niño (y de la Niña), destacó la importancia del acceso a una vivienda adecuada para quienes reciben el alta en hospitales u otras instituciones. De igual modo alertó sobre la discriminación que sufren las personas menores con discapacidad a causa de las dificultades para acceder a una morada. Lamentó igualmente que no fuera posible establecer con certeza el impacto real de la inversión social en la pobreza, instando al Estado a proseguir sus esfuerzos para reducir la pobreza arraigada y centrarse en los niños, niñas y adolescentes, en particular quienes se encuentren en situación más desfavorecida.

En relación con las personas con discapacidad, el Comité especializado en el tema recomendó revisar la normativa en materia de seguridad social y reformular aquélla que obstaculice el acceso en igualdad de condiciones a la vivienda, haciendo hincapié asimismo en quienes revisten condiciones de migrantes.

Finalmente, la Relatora Especial sobre Vivienda Adecuada, en su informe del año 2011, enumeró, entre los factores que dificultan la realización de este derecho en Argentina, la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo, la especulación inmobiliaria, la carencia de coordinación entre Nación y Provincias en la formulación de políticas públicas, la inexistencia de un marco normativo en materia de desalojos que respete el debido proceso legal, y la falta de políticas integrales de hábitat que brinden soluciones a largo plazo. En esa línea se refirió con preocupación al aumento de las personas en situación de calle, a los asentamientos precarios, villas de emergencia, casas tomadas, al incremento de personas alojadas en hoteles-pensión, conventillos, cuartos de inquilinato o en hogares de tránsito y/o en condiciones de hacinamiento.

La Relatora alertó sobre la carencia de políticas de vivienda apropiadas y sobre la gran ambigüedad con la que las autoridades han tratado esta temática, permitiendo que quienes habitan los asentamientos queden librados a la discrecionalidad de las disputas partidarias o de punteros políticos, en relación con su permanencia, consolidación o desalojo. Recomendó entonces una mayor articulación de políticas públicas de vivienda y urbanización, un procedimiento de regulación de alquileres y subsidio a las locaciones, y la adopción de una ley marco sobre el derecho a la vivienda adecuada que incorpore los estándares internacionales en esta materia y que reconozca la función pública y social de la propiedad. Exhortó también a establecer mecanismos transparentes de adjudicación de viviendas, prestando especial atención a las necesidades de los grupos más vulnerables, y encomendó la derogación de toda norma que habilite prácticas discriminatorias en esta materia, incluso aquéllas basadas en la ocupación irregular de vivienda.