Informe sobre la Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, especialmente en los países y territorios coloniales y dependientes. Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 19971.

El Relator Especial envió "dos llamamientos urgentes al Gobierno de la Argentina. Uno de ellos en favor de Daniel Stragá, abogado de derechos humanos y periodista, tras recibir una llamada anónima en la que se comunicaba que se iba a atentar contra su vida. Según las informaciones recibidas, Daniel Stragá, miembro de la organización no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), estaría representando a familias de víctimas de violencia policial, incluidas familias de víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias" (párr. 19).

De igual manera, el Relator hizo los llamamientos "en favor de Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista de radio y televisión, tras recibir una llamada telefónica en la que se le comunicaba que iba a ser "la siguiente". Dicha referencia estaría relacionada con la muerte del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un coche quemado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, Provincia de Buenos Aires. Amenazas habrían sido también recibidas por Ariel Garbarz, periodista de Página 12, en las que hombres que se identificarían como miembros de la policía de Buenos Aires, le advirtieron que dejara de escribir artículos sobre la muerte de José Luis Cabezas". El Relator Especial pidió también al "Gobierno que se tomaran medidas para proteger la integridad física y derecho a la vida de María José Fernández LLorente, hermana de un periodista del Canal 13 que cubría el caso de la muerte de José Luis Cabezas. Ésta habría sido atacada por varios hombres que le advirtieron que si su hermano continuaba con las investigaciones, su familia sufriría las consecuencias" (párr. 20).

Por todo, el Relator Especial instó al Estado a que "se investiguen exhaustiva e imparcialmente todas las denuncias de violaciones del derecho a la vida, con miras a esclarecer los hechos, localizar a los culpables, hacerlos comparecer ante la justicia e indemnizar debidamente a las víctimas" (párr. 21).

  1. E/CN.4/1998/68/Add.1, 19 de diciembre de 1997. Informe presentado por el Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye.