La Relatora Especial se refirió a las políticas públicas de vivienda observando que "la prioridad del gobierno ha sido la producción de vivienda completa ("llave en mano") para personas de bajo-medio recursos, con prototipos demasiado homogéneos y basados en la mayoría de los casos solo en la creación de vivienda y no en un concepto integral de hábitat" (párr. 32).

Frente a lo anterior alentó a "las autoridades competentes a establecer mecanismos transparentes de adjudicación de las viviendas, prestando especial atención en las necesidades de los grupos más vulnerables y consultando adecuadamente la población destinataria, así como a establecer mecanismos de control social" y recomendó a que el Estado derogue "toda norma que discrimine en materia de adjudicación de vivienda social, incluyendo la discriminación con raíz en la ocupación irregular de vivienda" (párr. 64).

Por otro lado, alertó al Estado sobre "la existencia de prácticas discriminatorias contra la población migrante en la adjudicación de vivienda social" (párr. 54)y tomó nota adicionalmente del "fenómeno de estigmatización creciente de los migrantes que viven en asentamientos irregulares, un fenómeno que se traduce en la asociación de esta población con el narcotráfico y la delincuencia y en la oposición creciente que se está dando entre los –okupas (los migrantes) y los –vecinos (los argentinos)" (párr.56).

Atento lo cual le instó a "derogar todo criterio discriminatorio contra la población migrante en materia de adjudicación de vivienda social" (párr. 74) y se abstenga de "todo discurso estigmatizante en contra de la población migrante, en particular de los habitantes de asentamientos irregulares" (párr. 75).

1. A/HRC/19/53/Add.1, 21 de diciembre de 2011. Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Raquel Rolnik.